Las elecciones regionales celebradas el pasado mes de octubre pusieron sobre la mesa los temas que más preocupan a los ciudadanos: el empleo, la economía, el orden público y la inseguridad, siendo este último el más recurrente. 

Se requiere un enfoque integral que aborde diversos aspectos, tales como políticas públicas, educación, generación de empleo, entre otros. Solo a través de una estrategia que considere estos elementos de manera conjunta, se podrá lograr una mejora sostenible en la seguridad del país. La seguridad no es simplemente responsabilidad de un sector específico, sino una tarea que requiere la colaboración coordinada de lo público y lo privado para la implementación de medidas preventivas y correctivas desde distintas perspectivas. En este sentido, los líderes electos en las regiones tienen el desafío de implementar políticas públicas efectivas que no sólo refuercen la seguridad, sino que también aborden las raíces profundas de la inseguridad, buscando soluciones a largo plazo.

Por otra parte, las cifras son preocupantes: la más reciente encuesta sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2021 a 2022 revela que la percepción de inseguridad a lo largo del territorio nacional ha aumentado del 44% al 52.9%. Ciudades como Cali con un 84.1%, Bogotá con 83.8%, Cartagena con 79.6%, y Bucaramanga con 79.2% son las más afectadas por esta percepción.

La misma encuesta del DANE proporciona datos sobre las principales causas por las cuales los colombianos se sienten inseguros. Estas causas incluyen un 81.2% debido a la existencia del delito común, robos y asaltos; un 68.5% por la escasa presencia de la Fuerza Pública; un 60.2% por la información obtenida a través de portales sociales o escuchada en la calle; un 56% por la existencia de lugares de venta o consumo de drogas; y un 55.6% por la presencia de combos o pandillas delictivas.

Puntos en Común de Algunos Nuevos Gobernantes:

Los nuevos mandatarios propusieron estrategias relacionadas con el aumento del pie de fuerza y la necesidad de recuperar la confianza ciudadana. La mayoría coincide en la importancia de la tecnología. Por ejemplo, Andrés Julián Rendón, gobernador electo de Antioquia, propuso la instalación de 5.000 cámaras de seguridad. Eduardo Verano, gobernador electo del Atlántico, y Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, coincidieron en instalar más videocámaras conectadas a un sistema de monitoreo, así como la implementación de cámaras con reconocimiento facial en lugares estratégicos de la ciudad. Galán también tiene en la agenda consejos de seguridad semanales, el fortalecimiento de la investigación criminal y judicialización con el apoyo del Gobierno nacional, y el aumento de efectivos de la Policía. Jorge Rey, gobernador electo de Cundinamarca, propuso el trabajo conjunto con el Distrito para reducir el atraco callejero, el hurto al comercio y a las residencias.

Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, planea dar continuidad al programa de seguridad implementado en su primer periodo como alcalde y aumentar la cobertura de los sistemas de circuitos cerrados de televisión privados en colaboración con la Empresa para la Seguridad Urbana. Alejandro Éder, alcalde electo de Cali, propuso la creación de una fuerza de tarea especial con la participación de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea, con la misión de desarticular estructuras criminales y garantizar la seguridad en zonas estratégicas de Cali.

En conclusión, las propuestas de los mandatarios presentan muchas similitudes para abordar el flagelo de la inseguridad. Tal como se mencionó a lo largo de este blog, la priorización de la prevención, el desarrollo tecnológico y la integración de capacidades son de suma importancia para mejorar la seguridad. Como complemento a estas reflexiones, como gremio, una de nuestras propuestas para las nuevas administraciones también destaca la complementariedad entre la seguridad pública y privada para que la fuerza pública pueda concentrarse en responder a amenazas más amplias y complejas, como el narcotráfico y el crimen organizado.

La cooperación entre ambos sectores es fundamental y se vuelve cada día más relevante en una era donde la tecnología avanza y los delitos físicos y cibernéticos aumentan. La necesidad de regulaciones actualizadas y adaptadas a las nuevas demandas se ha convertido en un aspecto vital para ambas partes de la seguridad.

Para finalizar, hacemos hincapié en la colaboración entre el sector público y privado, esencial para el desarrollo productivo y el progreso de nuestro país. Esto estimula el crecimiento económico, la inversión, la formalización y el fortalecimiento del sector, claves para la sostenibilidad y los retos actuales.